Riesgo por intereses ilegales en crisis de Hidroituango

La emergencia en Hidroituango abre la posibilidad de que la empresa sea victima de corrupción y fraude por lideres mal intencionados.

Riesgo por intereses ilegales en crisis de Hidroituango

Riesgo por intereses ilegales en crisis de Hidroituango

La razón de ser de líderes sociales y sindicales es reivindicar los derechos del grupo poblacional que se representa, impulsar acuerdos en el marco del relacionamiento con una empresa y extender los beneficios a trabajadores y/o miembros de una comunidad con los que una empresa sostiene relaciones. En contextos de crisis, las presiones suelen intensificarse, ubicando a las empresas en el eje del debate político y mediático con toda crudeza.

Se parte de la buena fe de las personas, y, por tanto, se supondría que, en la generalidad de los casos, los lideres sociales, comunitarios y/o sindicales se constituyen para lograr los fines que les son propios, siendo, en efecto, su constitución lícita, al perseguir objetivos aceptados, reconocidos, promovidos y protegidos por el ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, existe también la posibilidad que se constituyan con fines totalmente ajenos a los que les son propios.

Una situación de crisis o emergencia desatada en el marco de las operaciones de una empresa, es el caldo de cultivo para que tanto lideres sociales, comunitarios y/o sindicales busquen obtener fines personales bajo la bandera de la reivindicación de derechos. Incluso, en Colombia es frecuente que en contexto de crisis aparezcan líderes aprovechando el escenario de incertidumbre, para desinformar, obtener réditos políticos y presionar a la empresa para obtener intereses de carácter legal o ilegal.

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En Colombia se han conocido casos de la influencia de miembros de la insurgencia en movimientos sociales y sindicales. Es el caso de Francisco Cadena, acusado y condenado por delito de extorsión en 1997. En su calidad de líder sindical fue comisario político del EPL y de coordinar, en esa condición, acuerdos con el ELN para producir atentados contra la infraestructura petrolera.  Existen otros casos de líderes sindicales y sociales detenidos bajo el cargo de haber contratado atentados con el ELN para sacar provecho económico de la reparación de los daños.

En Meta y Casanare hay innumerables casos de corrupción de lideres comunitarios en los procesos de contratación de mano de obra local, quienes exigen a los trabajadores un porcentaje de los suelos a cambios de meterlos en la lista de miembros de la Junta de Acción Comunal y acceder a cupos laborales en las empresas del sector minero-energético. El manejo de las vacantes en regiones donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura o del sector minero energético, se ha convertido en “botín” de organizaciones y bandas criminales, que buscan control territorial y jugosas rentas. Todo lo anterior constituye un abuso del derecho o al menos en fraude a la ley.

El escenario de Hidruitango es un imán para intereses ilícitos de lideres que buscan enriquecerse y obtener réditos políticos y económicos, aprovechándose de la ingenuidad de las personas vulnerables, prometiendo altísimas indemnizaciones y aumentando las expectativas de la población. A esta motivación se le suman abogados prestigiosos que ven en esta coyuntura oportunidad para enriquecerse liderando demandas de todo tipo en contra de las empresas a favor de poblaciones que dicen representar, pero que también buscan engañar.

No en vano, el 18 de mayo de 2018 en una nota periodística de noticias RCN en la zona de influencia de Hidroituango, se registra Eder Blanco un exsindicalista cordobés que está bajo la lupa por el “Cartel de los Pensionados” recientemente identificado por la Fiscalía en la región del Caribe. Eder Blanco, junto con Domingo Hernández, fue, además, uno de los líderes que declaró en el 2015 una huelga en el complejo productor de una multinacional ubicada en Montelíbano, departamento de Córdoba, la cual en el 2017 fue declarada como ilegal por la Corte Suprema de Justicia, lo que prosiguió al despido de más de 24 trabajores, entre ellos Blanco.

La presencia de líderes del departamento de Córdoba y de otras regiones del país en el contexto de Hidroituango, es un indicio de la posibilidad de que personas de mala fe, que bajo la mentirosa bandera de reivindicación de derecho de las comunidades, quieran conformar una red de corrupción en la que se vinculen políticos, abogados y funcionarios de diversas instituciones, para aprovecharse económicamente de la situación de crisis que enfrenta hoy EPM.

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